Chile ha sido destacado a nivel internacional como el tercer país que más dosis de vacuna ha administrado por cada 100 habitantes en el mundo, sólo superado por Emiratos Arabes e Israel por Our World in Data.

No solamente ese hecho acredita a Chile como el país latinoamericano con uno de los mejores índices de logros en materia de salud, sino también el índice de organización con que ha manejado su ministerio de Salud, cuyas funciones y objetivos pueden apreciarse a continuación:

“Al Ministerio de Salud le corresponde formular y fijar las políticas de salud que se desarrollan dentro del territorio nacional. En consecuencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones y objetivos:

1.- Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias:
a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud.
b) La definición de objetivos sanitarios nacionales.
c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios.
d) La coordinación y cooperación internacional en salud.
e) La dirección y orientación de todas las actividades del Estado relacionadas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas.

2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.

3.- Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos.

4.-Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población.

5.- Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de las materias de su competencia.

6.- Formular el presupuesto sectorial.

7.- Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas.

8.- Formular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos del sector salud o Plan Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, prioridades nacionales y necesidades de las personas.

9.- Fijar las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento de los establecimientos públicos que integran las redes asistenciales.

10.- Velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.

11.- Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios.

12.- Establecer un sistema de acreditación para los prestadores institucionales autorizados para funciona.

13.- Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de las personas naturales que otorgan prestaciones de salud.

14.- Establecer, mediante resolución, protocolos de atención en salud. Para estos efectos, se entiende por protocolos de atención en salud las instrucciones sobre manejo operativo de problemas de salud determinados. Estos serán de carácter referencial y sólo serán obligatorios, para el sector público y privado, en caso de que exista una causa sanitaria que lo amerite, lo que deberá constar en una resolución del Ministerio de Salud.

15.- Implementar, conforme a la ley, sistemas alternativos de solución de controversias sobre responsabilidad civil de prestadores individuales e institucionales, públicos o privados, originada en el otorgamiento de acciones de salud, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales correspondientes.

16.-Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud”

Ese sería un modelo a seguir en República Dominicana y para ejecutarlo no necesariamente habría que ser médico de profesión siempre que la SISALRIL haga una labor de superintendencia como debe ser.

El presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona y la Dama de Titanio, doña Doña Milagros Ortiz Bosch están llevando a la realidad a toda una generación que ha estado envuelta en la fantasía de una sociedad caracterizada por vivir fácil, como fruto de la corrupción rampante de los últimos tiempos.

Los que ocuparon la posición que hoy desempeña la Dama de Titanio no actuaban con la firmeza necesaria para castigar los crímenes y delitos cometidos por las hienas salvajes que desempeñaban cargos públicos.

La decisión de publicar los pagos contra la cuenta única del Tesoro es una firme señal institucional que compromete a luchar por el sostenimiento de una democracia basada en la responsabilidad y la firmeza de las decisiones de los que llevan las riendas del Estado.

Nuestra sociedad se dará cuenta de que ese pasado ominoso ha sido sepultado.

El 31 de diciembre de 2020 se cumplieron 138 días de la toma de posesión del señor Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, lo que representa un 9.4% del ejercicio que concluirá el 16 de agosto de 2024, con una duración de 1462 días.

Sin haber saltado la barrera del 10% de su primera estadía en el poder, se ha notado que sus detractores, han tenido que prescindir del denigrante adjetivo de “tayota” que le dieron durante la campaña política, porque el hombre ha resultado ser un plato de vegetales de diferentes variedades, con olores y sabores auténticos, desde una entrada a base brócolis de Constanza macerados en jugo de chinola con puerro, hasta la más exquisita trufa del Piamonte, que excitan el paladar del gourmet más refinado.

¡Así ha sido! ¡No hay dudas!

Lo ha hecho como lo hace un veterano en el ejercicio del poder y no le teme a la rotura de esas rutinas que existen desde la remota y nada agradable etapa en que el año 1955 fue declarado como “Año del Benefactor de la Patria” y concluye hoy con esta decisión recién salida del Gobierno por conducto de su Consultoría Jurídica.

¡Enhorabuena..!

Las recientes declaraciones del presidente de la República Dominicana acerca de las causales para justificar un aborto terapéutico y la reacción del eminente Economista y Obispo de Bani, de origen catalán, que predica y conserva toda la personalidad e identidad de esa zona de la península ibérica, son más que suficientes para recordar lo aparecido en el blog “Diario del Ozama” en diciembre de 2014 y enero de 2015:

“La promulgación de la Ley 550-14 por parte del Poder Ejecutivo ha traído muchas reacciones, tanto por la forma en que fue manejada en el Congreso, como por el fondo.
La manera atropellante, acelerada y hasta atrevida en que la misma fue aprobada en la Cámara de Diputados es motivo de critica por una gran mayoría de conocedores del Derecho Constitucional.
Conociendo la máxima de que “el fin justifica los medios” aparecida en un manual de ética coincidencialmente concebido por un teólogo jesuita en 1645 (Hermann Busenbaum), pero que popularmente se atribuye a Maquiavelo, no sería tan extraño que se traten de violar reglas, normas, procedimientos, jurisprudencia o cualquier otra disposición con el fin de llegar a una decisión ampliamente reclamada por las circunstancias en que se desenvuelve la sociedad dominicana, desde hace más de un siglo, ante la carencia de un código penal acorde con la época en que vivimos.
Sin embargo, la reacción de las iglesias tiene mucho peso en el sentir popular en un país donde la mayoría practica la religión católica, asiste a los cultos, escucha con atención los dictámenes del episcopado y hasta llega al extremo de poner en una “cadena de oración” la recuperación de un moribundo, restándole todo el mérito a la ciencia.
Este tema nos hace recordar una obra de Bertrand Russell que recoge una conferencia pronunciada por él, el 6 de marzo de 1927, en el Ayuntamiento de Battersea, bajos los auspicios de la Sociedad Laica Nacional de Londres, donde se pone de manifiesto cómo las iglesias han retardado al progreso, al expresar: “….No es un hecho agradable, pero las iglesias le obligan a uno a mencionar hechos que no son agradables. Supongamos que en el mundo actual una joven sin experiencia se casa con un sifilítico; en tal caso, la iglesia católica dice: “Este es una sacramento indisoluble. Debéis permanecer juntos durante toda la vida”. Y la mujer no puede dar ningún paso para no traer al mundo hijos sifilíticos. Eso es lo que dice la iglesia católica. Y yo digo que eso es una crueldad diabólica, y nadie cuya compasión natural no haya sido alterada por el dogma, o cuya naturaleza moral no sea absolutamente insensible al sufrimiento, puede mantener que es bueno y conveniente que persista ese estado de cosas. “
A pesar de todo, la iglesia católica ha progresado en la tolerancia a los métodos anticonceptivos sin haberlo difundido explícitamente, cuando señala el respeto a la vida “desde la concepción”. Eso significa que si se evita la concepción no habrá vida y por tanto, tampoco habrá que tener que cargar con el peso de tener que respetarla.
El pleito está echado, como hubiese dicho Simón Alfonso Pémberton, “la revancha está en el tapete”, ya que, dadas las circunstancias, la cámara baja pospuso legislar sobre el aborto terapéutico y eso levantará el telón para dar apertura al circo del 2015”.

“En una reciente entrega sobre el tema de la especie, expusimos nuestras consideraciones basadas en asuntos puramente científicos y sin ningún tipo de pasión hacia sectores que han incidido en la decisión adoptada por el gobierno al promulgar el Código Penal que habrá de entrar en vigencia cuando se cumplan los requisitos previstos en el mismo.

Un amigo medico, que habiendo leído el artículo en cuestión, compartió algunas consideraciones conmigo, mientras disfrutábamos de un sabroso café. Este profesional de la medicina, tiene por especialidad una labor de mucha responsabilidad, cuando de cirujias de trata, ya que es quien administra y controla la parte relativa a la permanencia del paciente en estado de poder soportar los rigores del dolor y su conciencia frente a la labor del cirujano: Su trabajo es la anestesiología. 

Me cuenta que ha asistido a todo tipo de cirujias y por tanto, su experiencia, es quizás tan amplia como la de cualquier otro especialista. En esa virtud, trabajando en hospitales públicos ha podido asistir a múltiples casos de cesáreas exitosas o no, pero recuerda un caso muy especial que hace trepidar a cualquiera por lo dramático del mismo: Anencefalia. 

Es un caso que anula toda posibilidad de éxito a un embarazo, ya que, se trata de un producto que se desarrolla en el vientre materno, pero es carente de masa encefálica y crece mientras se desarrolla el embarazo, pero al nacer, solamente vive por unas cuantas horas. 

La ciencia no tiene explicación concreta sobre este fenómeno ya que se atribuye a diversas causas, entre ellas carencias de alimentación apropiada, falta de ácido fólico y hasta influencia de elementos tóxicos contenidos en fertilizantes y otras razones mas. Sin embargo, durante el desarrollo del embarazo es posible detectar la anormalidad con tiempo y evitar el riesgo de que una madre se vea precisada a alumbrar semejante criatura.
¿En casos como el que acabamos de describir es donde las iglesias siguen insistiendo en contra del aborto?”

Las atribuciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de acuerdo con el artículo 10 de su Ley Orgánica, son las siguientes:

Artículo 10.- Atribuciones. Además de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene las siguientes:


1) Practicar auditoría externa financiera, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicos o privados, sujetos a esta ley;


2) Solicitar a quien corresponda, toda la información necesaria para cumplir con sus funciones;


3) Tener acceso irrestricto a las evidencias documentales, físicas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones de auditoría, estudios e
investigaciones especiales de la gestión pública y de las personas físicas o jurídicas de carácter privado, sujetas al ámbito de esta ley;


4) Formular disposiciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores públicos que son legal o reglamentariamente responsables de su aplicación;


5) Identificar y señalar en los informes los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal;


6) Emitir resoluciones, con fuerza ejecutoria, en el ámbito de la responsabilidad administrativa y civil;


7) Requerir a las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a los resultados de sus actividades de control externo;


8) Elevar los casos no atendidos, señalados en el literal anterior, a las máximas autoridades nacionales, con el objeto de que se apliquen las sanciones correspondientes a los involucrados en los hechos de que se trate;


9) Requerir a la autoridad competente la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con el personal de la Cámara de Cuentas para el adecuado cumplimiento de sus funciones, o que de alguna manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas;

10) Investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia;

11) Emitir normativas en materia de control externo;

12) Conocer y opinar de manera vinculante las normativas de control interno;

13) Requerir a la Contraloría General de la República y, por su conducto, a las unidades de auditoría interna, el envío de sus planes de trabajo y los informes de sus actividades de control, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud;

14) Solicitar que la Contraloría General de la República, o las unidades de auditoría interna, si es el caso, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas;


15) Elaborar y actualizar los reglamentos, manuales, guías y demás instrumentos que se requieran para su desarrollo organizacional y administrativo;


16) Auditar o analizar con oportunidad la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que cada año aprueba el Congreso Nacional;


17) Participar por iniciativa propia, o apoyando a otros organismos, en actividades que prevengan o combatan la corrupción;


18) Suscribir convenios de cooperación técnica, con instituciones nacionales e internacionales, relacionados con sus funciones;


19) Evaluar el trabajo de auditoría externa efectuado por firmas o personas naturales privadas, en las entidades y organismos sujetos a esta ley;


20) Proporcionar asesoría técnica a las entidades y organismos sujetos a la aplicación de esta ley, respecto a la implantación del Sistema Nacional de Control y Auditoría en las materias que le competen, de acuerdo con esta ley;


21) Emitir los reglamentos que sean necesarios para la cabal aplicación de esta ley;


22) Todas las demás que tiendan a fortalecer y promover la gestión eficiente, eficaz, económica y transparente de la administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Todos los incisos descritos en ese numeral podrán ser revisados uno por uno, por quien desee tomarse esa tarea, y no resistirían ningún tipo de análisis sobre la calidad de la cabal ejecución de sus mandatos.

En una ocasión se divulgó la especie de que la Superintendencia de Bancos no le suministraba las informaclones requeridas por la Cámara de Cuentas bajo el alegato de que se era violatorio del “secreto bancario”.(*).

Si absurda es la respuesta de la Superintendencia, más absurda fue la actitud de la Cámara de Cuentas al no revelar tal acción como una limitación impuesta al alcance de su trabajo.

Hoy en día, la Procuraduria General de la República interroga dos altos funcionarios de la Cámara de Cuentas por alegada obstrucción a la Justicia, pero sería muy importante que ese interrogatorio se haga extensivo al ex Superintendente de Bancos para documentar mejor los resultados de la investigación.

(*) SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO 11-09-2020 17:07

¡Titulares de agosto de 2012!

¡Encomiables medidas dictadas por el Gobierno, demostrando gran voluntad política!

1-El presidente Danilo Medina supervisará personalmente las compras y contrataciones del Estado.

2-Quedan prohibido el uso de las tarjetas de crédito de parte de los funcionarios, con excepción de las del Presidente, la Vicepresidenta y los principales ejecutivos del Banco Central.

3-Quedan prohibidas las fiestas y canastas navideñas, con excepción de las que son utilizadas para repartir a las familias dentro de los planes sociales del Estado.

4-Queda prohibido el uso de los vehículos de alto cilindraje y de lujo. Estos vehículos se tasarán y se venderán.

5-Se reducirán al mínimo de los viajes al extranjero de funcionarios.

6-Se limitará a lo estrictamente necesario la provisión de combustibles.

7-Se prohíbe a los funcionarios aceptar dádivas o regalos durante el tiempo que duren en el cargo.

8-Se prohíbe a los funcionarios involucrarse en diligencias y dar facilidades en casos en que estén involucrados sus familiares hasta la cuarta generación.

9-Se prohíbe la remodelación y compra de mobiliario en oficinas del Estado.

10-El cumplimiento de las medidas será responsabilidad de cada ministro.

11-Se crean once (11) comisiones para dar seguimiento a las disposiciones de austeridad y garantizar su cumplimiento estricto.

12-Se pone a cargo del Ministerio Publico el “sistema de consecuencias” en caso de que las disposiciones no sean cumplidas por parte de los funcionarios.

¡Así empiezan muchas historias!

Esas son las cosas que han enseñado a la gente a profanar las decisiones oficiales y repetir el dicho acostumbrado: “Escobita nueva… barre bien..!”

Casi nada de lo anunciado en ese año se ha cumplido, aunque se debe reconocer, algo muy trascendental que fue una promesa de toma de posesión, pero no se han cosechado los frutos que se esperaban: El 4% del PIB para la Educación.

El destacado escritor y jurista dominicano, José Luis Taveras hizo una entrega al Diario Libre de fecha 26 de noviembre de 2020 que nos recuerda el libro Derecho más Deber, Costo más Beneficio, cuya portada nos sirve de ilustración, y una charla ofrecida por el Juez coordinador de los juzgados de instrucción, José Alejandro Vargas, hace algún tiempo.

No hay dudas, de que si las voces que crean opinión se aúnan en la búsqueda de soluciones a un tipo de desigualdad que tiene una carga presupuestaria insostenible, algo positivo habrá de lograrse, si se utiliza el insustituible fertilizante de la voluntad política.

José Luis Taveras escribió: “Clamamos a diario por un sistema de convivencia ordenado, equitativo y retributivo. Vivimos el frenesí del llamado “empoderamiento ciudadano”: una voluntad expansiva que reclama espacios y oportunidades en los centros de decisión. No pasa una década sin que emerjan nuevos colectivos que demandan la tutela de sus derechos con base en sus propias identidades. Las siglas de algunos no soportan más letras.

Los derechos se atomizan según los intereses y afinidades esenciales o accidentales. Tenemos derechos de todas las categorías y para todas las edades, tallas, géneros y preferencias; cada grupo demanda cuotas de participación. Domina en el mundo liberal la euforia de derechos como ejercicio de una libertad cada vez más individual.

Las calles de cualquier ciudad del mundo sirven de cauce expresivo a un torrente ya rutinario de protestas y reclamos. Las pancartas, los gritos y las proclamas son parte viva de las estampas urbanas en las sociedades democráticas occidentales. Consumidores, electores, políticos, ciudadanos, obreros, estudiantes, ambientalistas, mujeres, homosexuales, etc., militan en defensa de los derechos que les otorgan sus condiciones e identidades. Los derechos constituyen la nueva religión del siglo XXI. A las jóvenes generaciones se les forma e instruye en derechos, incluso los propios: los de los niños, niñas y adolescentes.https://2a8357a8c23cae6a397908092e251e85.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

En los siglos XVIII y XIX nacieron los derechos civiles y políticos, llamados de primera generación, que tienen como valor la libertad humana y entre los que se reconocen los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad, entre otros (derechos civiles) y los derechos al voto, a la asociación, a la huelga, entre muchos (derechos políticos). En los siglos XIX y XX emergen los derechos sociales y económicos, llamados también de segunda generación, que tienen como valor la igualdad y entre los que se reconocen los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, entre tantos. En los siglos XX y XXI se reconocen los derechos a la Justicia, la paz y la solidaridad, llamados también de tercera generación y basados en la confraternidad, entre los que se destacan los derechos a un medioambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Existen hasta los derechos difusos, esos que pertenecen indivisiblemente al colectivo y al individuo y que pueden ser ejercidos por uno en nombre de todos.

En el llamado Estado social democrático y de derecho el ciudadano es un foco de derechos y de políticas públicas. Se diluye así la delegación de la antigua democracia representativa. El Estado garantiza el ejercicio igualitario de todos los derechos.

Los derechos fundamentales, que nacieron como utopías sociales o construcciones abstractas, reciben hoy consagración sustantiva en las constituciones de la mayoría de países del mundo. El desafío de este siglo es y será la diversidad como supremo derecho; sus bases y alcances seguirán generando tensiones y resistencias, pero nada parece contener esta avalancha arrolladora de reclamos vindicativos.

La pregunta que pocos se hacen es ¿y los deberes? El silencio es tácito. Y es que en cualquier contexto la ciudadanía responsable es una moneda de dos caras. Tiene una dimensión activa (en derechos) y otra pasiva (en deberes). En la primera participa de los beneficios de la vida colectiva de forma igualitaria; en la segunda aporta valor, desarrollo y sostenibilidad a la convivencia colectiva. Vivimos en una sociedad desbalanceada: fortificada en derechos y deficitaria en deberes.

Una comunidad de derechos sin obligaciones es una reivindicación fallida; un “orden” inviable. En ella todos reclaman lo que nadie quiere hacer, o, como decía Oscar Wilde: “El deber es lo que esperamos que los demás hagan”; y el derecho, agregaría yo, “es la pretensión para exigir lo que nadie quiere hacer”. Mahatma Gandhi, por su parte, afirmaba que “todo derecho que no lleva consigo un deber, no merece que se luche para defenderlo”.

Hemos construido y sustentado una cultura de contestación sin acción, de crítica sin proposición, de pasiones sin estructuras y de denuncias sin sustentación. Los llamados a correcciones cuando no son impersonales se dirigen a los gobiernos o a la clase política, convertidos en centros de imputación de todas nuestras quiebras, como si todas las obligaciones dependieran de ellos. Cada día se renueva la oportunidad para reclamar, pedir y exigir sin mostrar a cambio los compromisos compensatorios. Nuestra cotidianidad es una sola queja. El tema aquí es saber si somos parte del problema o de la solución. Denunciar no es remediar ni convierte a nadie en héroe y el Estado no está para satisfacer todas las demandas.

Siempre he dicho que en sociedades de fuertes insolvencias como la nuestra participar dejó de ser elección; es obligación. Ello es debido a que ya no es posible dar respuestas individuales a problemas colectivos. Sustraer los intereses propios de los comunes es quimérico, y es que el régimen de convivencia es cada vez más interdependiente, por más concentrada y desigual que sea la organización social.

Es posible resolver el problema de la seguridad personal o familiar con un vigilante privado, la educación con un buen colegio, la energía con un generador, el transporte con vehículo, la salud con un seguro médico internacional, pero nada ni nadie podrán redimirnos del riesgo de vivir en un país sin instituciones operantes, aunque vivamos de la Anacaona a Casa de Campo en vuelo de helicóptero. ¿Los derechos? Muy bien ¿Y los deberes? ¿Pa’ cuándo?”

AUTOR

José Luis Taveras Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.

joseluistaveras2003@yahoo.com

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Cuando Nicodemo, José de Arimatea y Pablo conocieron a Jesús de Nazareth fue en secreto.

Los dos primeros eran miembros del Sanedrín, el famoso consejo de personas de la tercera edad que decidía todas la acciones de justicia en Israel por mandato impuesto por Moisés, quien recibió la encomienda de su Dios de “coger 70 de entre los ancianos de Israel y haz la Asamblea de Israel”, constituyéndose en tribunal supremo en materia penal, civil y sobre todo religiosa con la aplicación estricta de la Torah o Ley Sagrada.

Pablo logró conocerlo, después de la resurrección, cuando se dirigía a Damasco en persecución de simpatizantes del cristianismo.

Las escrituras cuentan que Saulo, nombre original de Pablo, antes de ese momento era un enemigo acérrimo del cristianismo.

En conclusión, los tres personajes conocieron en secreto al que se promovía como el hijo del padre, los primeros a espaldas del sanedrín y el último de una manera tan especial que lo obligó convertirse al cristianismo.

De ahí en adelante, las reuniones secretas, los cónclaves entre tránsfugas, los acuerdos de aposento y todo tipo de negociación política es factible.

Hoy en día, la República Dominicana sigue con ese patrón de concertación y todo está dado para que quienes luchan por una causa, si no logran un tipo de consenso coyuntural, jamas lograrán su objetivo.

¿Quo Vadis?

F. Javier Blasco escribió y publicó que Quo vadis es una expresión latina que significa ¿Adónde vas? Se la vincula a una tradición cristiana que gira en torno a San Pedro cuando allá por el año 64 se incrementó la persecución contra los cristianos por parte del Emperador Nerón al ver que el número e influencia de estos iba en aumento. Por aquel tiempo, y de acuerdo con los Hechos de Pedro, este sufrió un arrebato de temor a ser ejecutado y decidió abandonar la ciudad de Roma; pero, nada más iniciar su escapada se “encontró” con Jesucristo reencarnado que iba cargando una cruz. Pedro se le acercó y el preguntó: “Quo vadis Domine”-¿Adónde vas, Señor?- a lo que Cristo contestó: “Romam vado iterum crucifigi” -Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo-. Avergonzado por su actitud, el discípulo volvió Roma y continuó su ministerio hasta que murió crucificado.

Por derivación, solemos emplear dicha frase siempre que nos enfrentamos a situaciones graves y nos preguntamos a nosotros mismos o a los responsables de dicha situación, cual es el camino que debemos emprender o, también se usa si tratamos de reprochar una dirección o deriva adoptada si aquella pueda ser causa de nefastas consecuencias para una colectividad o empresa.

Una carta de gran trascendencia y en términos muy contundentes fue difundida ayer.

Merece ser congratulado con gran efusión el autor y firmante de semejante instrumento para contribuir con la transparencia, en el día número 85 del mandato presidencial.

Es un oficio, como dicen en las oficinas del gobierno, que va a pasar al epistolario histórico como una especie de pieza de soporte a la institucionalidad.

Así lo reseña Diario Libre

Luego de la visita del Canciller dominicano al hermano país con el cual compartimos La Hispaniola, se espera el fortalecimiento de la aplicación de las medidas oficiales sobre inmigración.

Los elefantes nunca olvidan las ofertas que se hacen y no se cumplen.

Tampoco olvidan algunas cosas que se hacen por sorpresa.

Salen a relucir como si fueran el conejito o la paloma blanca del sombrero de un mago y sorprenden a los contribuyentes con enormes inversiones que atemorizan, ya que a todas luces parecen innecesarias.

En la región este de la República Dominicana se han visto algunos ejemplos, entre ellos una Plaza para corrida de toros en Hato Mayor y un inesperado aeropuerto en Bávaro que ahora resulta “lesivo al interés público” por una serie de razones expuestas recientemente por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Las promesas de campaña, muchas veces, no son de ninguna importancia para el oferente, pero como candidato que necesita conseguir votos, ofrece de todo y en caso de ser elegido, solamente cumple las que son de su interés.

Ese interés se mide en función de lo que le pueda reportar como ventaja personal la ejecución de una obra.

El típico ejemplo ha sido vivido en los últimos siete u ocho años con grandes inversiones en infraestructura con el propósito de obtener ventajas mediante el otorgamiento de obras a vinculados o vinculadas con fines de que aportaran económicamente con la gestión proselitista del candidato gubernamental.

En Nagua hay un malecón inconcluso, en Azua una vía de circunvalación que ha sido calificada como prioritaria, pero ahí está la trocha llena de matorrales y algunos chivos que hacen delicias de las yerbas que van creciendo.

Ahora tenemos un gran dilema:

1) El costo del año escolar 2020-2021 ha sido estimado en 50,000 millones de DOP.

2) Será imposible poder llegar a toda la población escolar por vía virtual y se corre un gran riesgo sanitario con efecto multiplicador si se abren las escuelas.

3) Países como Alemania, España, Francia y otros más están tomando medidas urgentes para confinar a la población, mientras en República Dominicana disfrazan un establecimiento de diversión como templo de oración para hacer fiestas durante el periodo de emergencia.

¿Cual es la solución?

Hay que invertir esos 50,000 millones en alimentación apropiada para reforzar la salud a base de vitaminas y otros medios para subirle las defensas a la población. Nunca deberá pensarse en llenar la barriga de la gente a base de carbohidratos y baratijas en funditas que dan pena.

Las boticas populares deben obsequiar o vender kits de suplementos alimenticios a base de vitaminas C, D y otras que sean aconsejables para subir la defensa de la población.

Solamente así podrán esperar a que termine el peligro de la pandemia para que la enseñanza pública se reactive como aconsejan las circunstancias.